Son todas las obligaciones de pago que tiene una persona con una institución financiera por adquirir un crédito, avance en efectivo o usar la línea de crédito de la cuenta corriente. Dicho de otro modo, las personas están endeudadas independientemente de si se encuentran al día o no.
Es una operación financiera donde una institución (acreedor) presta una cantidad de dinero a una persona o empresa (deudor), la cual se compromete a devolver en un plazo definido según las condiciones establecidas (intereses, seguros y costos asociados, etc.)
Es el “precio” que el deudor deberá pagar a quien le prestó dinero y se expresa en un porcentaje del monto.
Preguntarse por el objetivo: ¿estoy pidiendo un crédito por necesidad o por deseo? ¿Puedo esperar, ahorrar y comprarlo en otro momento? ¿Tengo alguna otra forma de adquirir este bien, reutilizando o reciclando?
Ver nuestra capacidad de endeudamiento: revisar nuestro presupuesto y ver la capacidad de pago que tendremos después de descontar las necesidades básicas y dejar algún dinero para emergencias. El nivel de endeudamiento razonable para créditos de consumo (o no hipotecarios) no debe superar el 25% del sueldo mensual para evitar el sobreendeudamiento.
Cotizar, cotizar, cotizar: es muy importante cotizar entre distintas instituciones financieras establecidas y reguladas para elegir el crédito más conveniente que tenga la CAE (carga anual equivalente) más baja y el CTC (costo total crédito) más bajo. No olvidar comparar créditos iguales con las mismas condiciones, montos, plazos, etc.
Fijarse en los plazos: la recomendación es endeudarse por la misma o menor cantidad de tiempo que dura el bien, por ejemplo, si se trata de una vivienda, pueden ser 20 o 30 años, pero si se trata de una recarga de celular o de una pizza, no es recomendable recurrir a la deuda.
Hay sobreendeudamiento cuando los ingresos mensuales no son suficientes para cubrir las deudas por créditos, más los gastos básicos de consumo, como alimentación, vivienda, vestuario, salud, transporte, luz, agua, gas, telefonía, internet, etc.
La nueva ley de portabilidad financiera busca disminuir los costos y tiempos asociados al refinanciamiento de créditos, además de transparentar el proceso de cambio de productos de crédito desde una institución a otra, reduciendo significativamente los costos de renegociación de una deuda con otras instituciones financieras, posibilitando el acceso a mejores condiciones de crédito y fomentando la competencia en la industria.
Esta ley no solo permite portar deudas de una institución financiera a otra, sino que también permite traspasar otros productos financieros, como cuentas corrientes, cuentas vista, cuentas de ahorro, créditos rotativos (como líneas de crédito), créditos en cuotas (como créditos de consumo, hipotecarios y comerciales), y tarjetas de crédito.
Las instituciones que permiten la portabilidad son los bancos, compañías de seguros, agentes administradores de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensación, instituciones que coloquen fondos de manera masiva y emisores de tarjetas. El SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) recomienda solicitar ofertas de portabilidad de a lo menos tres instituciones financieras, es decir, siempre hay que cotizar.